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Provincias de Canadá exigen mayor autonomía para decidir sobre inmigración

Las provincias canadienses están elevando su presión para obtener más control sobre las decisiones migratorias, incluyendo la posibilidad de emitir permisos de trabajo directamente y establecer sus propios niveles de inmigración económica. Este fue uno de los principales temas que marcó la reunión anual del Consejo de la Federación, celebrada el pasado 24 de julio en Huntsville, Ontario.

Durante la rueda de prensa que clausuró el evento, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, afirmó que las provincias están dispuestas a ejercer sus facultades constitucionales para avanzar por su cuenta, acusando a la ministra federal de Inmigración, Lena Diab, de no compartir la visión del primer ministro Mark Carney sobre otorgar mayor participación a las provincias.

“Vamos a empezar a emitir nuestros propios permisos de trabajo. No vamos a quedarnos esperando al gobierno federal”, declaró Ford al entregar la presidencia del Consejo.

Las provincias argumentan que conocen mejor sus propias necesidades

Los primeros ministros provinciales coincidieron en que los gobiernos locales están en mejor posición que Ottawa para identificar sus necesidades laborales. Solicitan, entre otras cosas, un aumento en los cupos del Programa de Nominación Provincial (PNP), que permite a las provincias seleccionar inmigrantes para sectores prioritarios. Este programa sufrió recortes significativos en 2024 bajo el gobierno de Justin Trudeau, como parte de un esfuerzo por reducir la inmigración general.

El primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, advirtió que esos recortes podrían poner en riesgo la economía local, especialmente en zonas rurales que dependen de trabajadores en áreas como manufactura y servicios. Otros mandatarios provinciales, como Susan Holt (Nuevo Brunswick) y Tim Houston (Nueva Escocia), también se expresaron a favor de tener más influencia en la selección de inmigrantes.

Críticas a los retrasos en permisos para solicitantes de asilo

Uno de los puntos que generó mayor molestia fue el retraso en la entrega de permisos de trabajo a solicitantes de asilo. Ford criticó duramente que miles de personas aptas para trabajar estén “estancadas” en hoteles por demoras burocráticas. Solo en Ontario, cerca de 100 mil solicitantes de asilo permanecían en esa situación en 2024, muchos sin posibilidad legal de trabajar.

El primer ministro de Quebec, François Legault, comparó los tiempos de procesamiento de Canadá —que en promedio superan los tres años— con los de Francia, donde los casos se resuelven en apenas tres meses. También celebró la reciente propuesta federal conocida como “Strong Borders”, que busca endurecer las normas para solicitudes de asilo y reducir los tiempos mediante nuevos mecanismos de cancelación.

Ottawa responde con inversión, pero no calma las críticas

La ministra Lena Diab, aunque enfrentó cuestionamientos por parte de varios gobernadores provinciales, aseguró que está comprometida con el trabajo conjunto. Desde su oficina destacaron que su experiencia previa como ministra de inmigración de Nueva Escocia le otorga un entendimiento claro de las necesidades regionales.

Además, Diab anunció una nueva inversión federal de 3.200 millones de dólares destinados a servicios de asentamiento e integración para inmigrantes. Este fondo, que se distribuirá en los próximos tres años, apoyará a más de 500 organizaciones fuera de Quebec con capacitación en idiomas y programas de reconocimiento de credenciales.

Sin embargo, muchos líderes provinciales insisten en que este apoyo sigue siendo insuficiente para enfrentar los desafíos actuales, particularmente en lo relacionado al acceso a vivienda, salud y empleo para los recién llegados.